La abogada Micaela Gacek presentó una denuncia penal federal contra el dirigente Héctor Bárbaro, conocido como “Cacho”, por presunta asociación ilícita, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta y uso indebido de fondos federales.

Según la presentación judicial, la acusación se centra en un presunto entramado destinado a desviar recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) y en el manejo irregular de pensiones no contributivas, con fines político-partidarios vinculados al Partido Agrario y Social (Pays).

La denuncia, de 40 páginas, identifica a la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM) como el eje operativo de las maniobras. De acuerdo con Gacek, en agosto del año pasado la entidad recibió más de $1.145 millones provenientes del FET, sin que exista información pública transparente sobre el destino de esos fondos. Por este motivo, se solicita a la Justicia que investigue la utilización de los recursos y determine las responsabilidades penales correspondientes.

OTROS PRESUNTOS INVOLUCRADOS.
Además de Bárbaro, la denuncia involucra a otros presuntos integrantes de la estructura ilícita: el intendente de Colonia Aurora, Carlos “Cali” Goring; Valtierra; Dos Santos; Nilson Brettin; y las diputadas provinciales Elisa Goring y Blanca Alvez. Estas últimas ya habían sido denunciadas previamente por percibir pensiones por invalidez, supuestamente mal otorgadas, hecho que también fue incorporado al expediente como parte del supuesto esquema de fraude.

PRUEBAS.
Entre las pruebas presentadas figuran testimonios de personas identificadas que formaron parte del entorno cercano de Bárbaro. Según esos relatos, la sede de ACTIM operaba “como una extensión de la ANSES”, facilitando de manera discrecional el acceso a pensiones no contributivas. Estas declaraciones, junto con documentación respaldatoria, constituyen uno de los pilares de la presentación judicial.

“Estamos hablando de más de mil millones que deberían haber llegado a los productores y no se ven por ningún lado. La plata desapareció en plena campaña electoral. Esto no es una sospecha: hay pruebas, nombres, documentos y testigos que lo confirman”, expresó Gacek.

La abogada, que aseguró haber recibido presiones tras hacer pública la denuncia, reafirmó su postura: “No me van a correr con intimidaciones. Si queremos una política distinta, hay que animarse a decir la verdad. Esta denuncia no es una bandera de campaña, es un compromiso con la Justicia y con los misioneros que merecen saber qué hicieron con sus recursos”.